Por
Cristóbal Benítez
Gerente
Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine
HYST

 

 

Como Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, analizamos la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas y su relación con la actividad turística, basándonos principalmente en un reporte de la Fundación Terram sobre el financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNASPE) y otras fuentes complementarias, con el fin de dimensionar de manera objetiva el aporte que realizan los actores privados que operan al interior de nuestros parques.

Uno de los principales datos es que hoy en día el aporte fiscal a la gestión de las Áreas Protegidas es significativamente menor al que se percibe por ingresos propios para este mismo fin. Es decir, los aportes del turismo, a través de venta de entradas y renta concesional, es la principal fuente de ingresos para la gestión del SNASPE representando el año 2021 el 65% del presupuesto total, y en la proyección para el 2023, pese al impacto de la pandemia en la actividad turística, más de un 57% del presupuesto total.

Sin embargo, en Chile sigue existiendo una importante brecha para una correcta y eficiente gestión de nuestras áreas protegidas.

Esto queda de manifiesto en el informe de Terram de 2017, que analiza los recursos destinados a gestión de áreas protegidas en Latinoamérica. Ahí vemos que Chile se encuentra en los últimos lugares del ranking, superando sólo a Paraguay y Bolivia, con una inversión cercana al 0,6 USD por hectárea protegida, muy lejos del promedio latinoamericano en 1,9 USD.

Un déficit que no sólo se mantiene en el tiempo, sino que se acentúa. Para el presupuesto 2023, según los datos recogidos por Pew Charitable Trusts, la inversión de Chile por hectárea protegida será hasta casi 10 veces menor que los países vecinos ($586 en Chile, frente a $2.327 en Argentina y $5.588 en Perú).

Este escenario es insostenible, e implica revisar el modelo de gestión y financiamiento a través de CONAF, y los cambios y desafíos que implicará la puesta en marcha del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Como primera medida, es prioritario aumentar significativamente el aporte fiscal a la gestión del SNASPE, alcanzando al menos el promedio latinoamericano, contribuyendo así al menos a resolver las necesidades básicas de gestión, como son los gastos en personal e infraestructura administrativa.

Debido a la gran brecha existente, esta medida por sí sola no será suficiente para abordar todos los desafíos existentes en la gestión de nuestros parques, por lo que será necesario explorar nuevas articulaciones y potenciales fuentes de financiamiento que contribuyan al sistema.

Algunas opciones que se deben revisar en profundidad para ver su factibilidad pueden ser: incorporación directa de Gobiernos Regionales en la gestión de los parques, a partir de la posibilidad de transferencias de competencias contempladas en la Ley de Descentralización; la creación de un marco para consolidar el aporte de ONGs internacionales interesadas en la conservación, como fue la propuesta de un Proyecto para la Permanencia Financiera (PFP) para los parques de la Patagonia que levantaron el 2019 algunas ONGs, como Tompkins Conservation; y por supuesto, fortalecer el desarrollo sustentable de la actividad turística en torno a los parques nacionales que contribuya a la gestión de éstos.

Posiblemente, el escenario óptimo involucre un poco de cada una de las opciones mencionadas, y parte del desafío será buscar un buen equilibrio entre éstas. En particular, nos gustaría profundizar en la tercera idea planteada relacionada con el rol del turismo en la gestión de las Áreas Silvestres, ya que como vimos el aporte actual del turismo al presupuesto del SNASPE, se hace necesario reforzar la coordinación pública – privada en la gestión, y cómo desde el turismo, si es parte de la planificación y se desarrolla de forma sustentable, se puede aportar significativamente en la gestión y conservación de nuestras Áreas Protegidas.

Un modelo que puede servir como referencia es el Servicio Nacional de Parques (NPS) de Estados Unidos, donde el sector privado es un socio estratégico en la gestión, ampliando la economía local e involucrando a las comunidades. En números, el NPS administra cerca de 500 contratos de concesión en 100 parques, generando más de U$1.000 millones anuales, empleando a más de 25.000 personas y brindando servicios que van desde alimentación y alojamiento hasta actividades de turismo aventura.

En Chile, aún existe un margen importante para el fortalecimiento del turismo en torno a áreas silvestres protegidas, que puede significar un aporte real a la gestión de nuestros parques. Por ejemplo, si vemos los contratos concesionales estos se concentran en Patagonia en un 67,5%, lo que demuestra un desarrollo heterogéneo del turismo y un enorme potencial a nivel nacional.

Asimismo, si tomamos los datos recogidos por la Fundación Terram (2017) sobre servicios turísticos que operan al interior de parques nacionales, sólo un 8,2% tiene algún contrato concesional o permiso de operación con CONAF. Sólo la regularización de esta situación significaría un aumento importante de ingresos de recursos por la vía de renta concesional.

Por supuesto, uno de los principales desafíos tiene que ver con las diversas áreas protegidas que han sido creadas en los últimos años y que aún no cuentan con planes de manejo para su gestión, o no poseen suficiente personal, ni cuentan con la infraestructura necesaria tanto para soportar la función de sus guardaparques como para recibir visitantes. Por ejemplo, en nuestra Región de Magallanes una correcta gestión y priorización en torno a las áreas silvestres, involucrando la variable turística, debería contemplar habilitar en el corto plazo parques como Bernardo O´Higgins o Yendegaia, lo que no sólo permitiría hacerse cargo de manera real de sus objetos de conservación, sino que aportaría a diversificar la oferta turística regional, desconcentrando el uso de las áreas más demandadas como Torres del Paine, y potencialmente puede significar una nueva fuente de ingresos que permita fortalecer la gestión del sistema.

El caso emblemático de una relación virtuosa de cooperación público – privada está en nuestro Parque Nacional Torres del Paine, que previo a la pandemia fue visitada por más de 260.000 personas por temporada, aportando a la economía regional cerca del 10% del PIB, significando además que por cada U$1 gastado por turista en el parque, se dejan U$5.5 adicionales a nivel nacional.

Respecto al aporte a la gestión de CONAF de la actividad turística de Torres del Paine podemos ver datos muy interesantes.

No sólo es por lejos el parque que más recursos aporta a través de venta de entradas, significando más del 53% del total de ingresos de operación, sino que además aporta con el 66% del total de recursos que percibe la Corporación Nacional Forestal por renta concesional a nivel nacional.

A partir de lo anterior, podemos ver que la actividad turística en la Octava Maravilla contribuye aproximadamente al 40% del presupuesto total nacional de administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Una cifra que además de sorprendente, nos muestra que la actividad turística favorece significativamente la gestión en torno a nuestros parques, aportando directamente a sus objetivos de conservación a través del financiamiento de su gestión.

Tenemos mucho espacio para crecer, pero para esto es necesario que la variable turística se incorpore seriamente a los organismos a cargo de la administración de los parques nacionales de forma transversal, tanto en sus instrumentos de planificación territorial, como en el desarrollo de infraestructura, la gestión de la experiencia del visitante, el fortalecimiento de la cooperación público – privada a través de concesiones y permisos de uso, y el desarrollo de instrumentos de vinculación con sus comunidades aledañas.