Por José Albuccó,
académico de la Universidad Católica Silva Henríquez y
creador del blog Patrimonio y Arte

La semana pasada parte importante de la agenda pública estuvo centrada en los debates presidenciales, tanto de los candidatos de Chile Vamos (Lavín, Desbordes, Briones y Sichel) como del Pacto Apruebo Dignidad (Jadue y Boric), dando sus visiones más o menos coincidentes sobre distintos aspectos de la vida nacional, desde reactivación económica, manejo de la pandemia, pensiones, educación y derechos humanos, entre otros.

Llama la atención que en ambos debates televisivos no se hiciera mención alguna a las propuestas programáticas culturales, de las artes y patrimoniales de las respectivas candidaturas. No estando presente ni en las preguntas de los periodistas que dirigieron el espacio, ni tampoco en las respuestas y postulados de los candidatos durante sus intervenciones, de ningún espectro político.

Lo anterior no quiere decir que las actuales candidaturas no tengan considerada la cultura en sus programas. De hecho, si se revisan sus propuestas, la mayoría de ellos ha desarrollado el aspecto cultural y patrimonial, desde sus respectivas visiones ideológicas y de mundo, y con distinta profundidad y espesor, sobre cómo Chile debe seguir avanzando en esta materia.

Ante esta ausencia pública, al menos en estos debates, del tema cultura y patrimonio, cabe hacer la reflexión sobre qué debería contemplar el programa cultural de un postulante a la presidencia de la República, considerando los enormes desafíos que tenemos como sociedad en permanente cambio.

En primer lugar, todo político debería presentar un programa que reconozca, como base mínima, las actuales políticas culturales, impulsadas bajo el último gobierno de Bachelet. Y de acuerdo, a esto, subir un peldaño más o mejorar aspectos de lo que ya está en marcha.

La tendencia es a reconocer, en específico, derechos culturales, al arte y al patrimonio, separándolos del abanico de derechos sociales, de tal manera de generar políticas mucho más profundas y estructurales en la sociedad. De acuerdo a esto, sería esperable que un candidato, al reconocer la cultura como un derecho, se abstenga de utilizar en su relato términos como industrias culturales, consumo o rentabilidad, que denotan un enfoque económico.

Reconociendo que el lenguaje co-crea realidad, al concebir la cultura como un derecho, en este programa ideal el Estado debería dejar atrás el principio de subsidiaridad, donde la cultura se financia a través de fondos concursables y recolección de donaciones, sino que apostar a la inyección directa y estable de recursos económicos.

Estas son sólo algunas pinceladas de los aspectos que debieran ser parte no solo de las propuestas presidenciables, sino también del proceso constituyente, donde personas de distintas realidades económicas y culturales, tendrán en sus manos la redacción de una nueva constitución, debiendo situar a la cultura, el patrimonio y las artes en un rol protagónico.